Gobierno le pone la cara al Catatumbo: Expidió decreto que ordena la conmoción interior

El presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial firmaron el decreto 0062 del 24 de enero de 2025, en el que se declara “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.

Esta normativa se da en medio de los enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las FARC que dejan más de 80 víctimas de la violencia. El decreto establece la conmoción interior por 90 días.

En la norma, el Gobierno nacional sustenta la facultad que le otorga la Constitución Política en su artículo 213, que establece que “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior (…)”.

La medida impacta a los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar.

Cifras que mantienen las autoridades locales y la Agencia de la ONU para Refugiados, señalan que solo en una semana van más de 40 mil desplazados, 12 mil confinados, 80 muertos, de los cuales 41 ya han sido reportados oficialmente por la Fiscalía, y 20 heridos.

“En atención a la gravedad de la situación excepcional que se vive en la región del Catatumbo, caracterizada por el aumento de la violencia, la crisis humanitaria, el impacto en la población civil, las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales, se hace imprescindible la adopción de medidas extraordinarias que permitan conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como garantizar el respeto de los derechos fundamentales”, anota la norma.