«LA NUEVA DOCTRINA MONROU»

Por: Kari Krenn, Escritora argentina, Ganadora del premio GLOBAL ICON AWARDS.

Todo está claro como el agua clara…
La ofensiva actual de EEUU en Latinoamérica no es un acto rutinario de fuerza, sino una reacción estratégica ante un tablero global que se le escapa de las manos.

Mientras EEUU enfrenta un estancamiento costoso en Europa del Este con el tema de Ucrania… mientras sufre un desgaste diplomático crónico en Medio Oriente… y se encuentra con una competencia asimétrica en el Indo-Pacífico (donde China ya tiene una ventaja estructural insalvable a corto plazo)… la administración Trump ahora necesita urgente un teatro en donde pueda proyectar hegemonía absoluta y sin restricciones.

Ese teatro es su periferia inmediata.

No falla: cuando la potencia dominante pierde capacidad de imposición en los centros neurálgicos del mundo, compensa esa debilidad endureciendo el control en su patio trasero.

Latinoamérica ha dejado de ser entonces una zona de influencia secundaria, para convertirse ahora en un buffer de seguridad nacional yankee indispensable.

No se trata solo de ideología; se trata de recursos críticos.

Bolivia, con las mayores reservas de litio del planeta, es un premio geoestratégico en la transición energética global. Por eso, permitir que un país con estos activos consolide alianzas con potencias rivales o que su sistema judicial actúe con total independencia, investigando a operadores políticos vinculados a la élite conservadora estadounidense, es un lujo que Trump no está dispuesto a permitirse.

El caso de Roger Mariaca y Fernando Cerimedo funciona como un prototipo de esta nueva doctrina de control.

Es un mensaje deliberadamente amenazante y ejemplificador dirigido a todas los países de la región.
La lógica es brutalmente simple: si un fiscal general en funciones puede ser neutralizado de la noche a la mañana mediante una coordinación entre inteligencia extranjera y fuerzas locales, bajo el pretexto flexible y maleable del «narcotráfico», entonces ninguna institución en América Latina es intocable.

Y cuando digo NINGUNA… ES NINGUNA!
(Incluso aquellos países que divagan creyendo que son amigos o socios de EEUU).
EEUU te tumba el tablero de un saque y todas las supuestas certezas de ser «aliados» muere en la primera de cambio.

Este operativo realizado en Bolivia, envía tres advertencias claras a los gobiernos regionales:
Primero: que la etiqueta de criminalidad transnacional es un arma política que se activa o desactiva según la conveniencia de la política exterior estadounidense, tal como se vio con la manipulación jurídica de la figura del «Cártel de los Soles» con el tema Maduro.

Segundo: que los operadores políticos afines a los intereses de Washington gozarán de un paraguas de impunidad y que cualquier intento local de investigar sus actividades será tratado como un acto de hostilidad contra la seguridad nacional de EEUU.

Tercero: que la soberanía judicial de los estados latinoamericanos es condicional y puede ser anulada en cualquier momento mediante presión financiera, revocación de visas o filtraciones mediáticas coordinadas.

Para comprender la magnitud de la segunda advertencia, basta con mirar lo que el fiscal Mariaca estaba investigando realmente sobre Fernando Cerimedo.
La pesquisa no se limitaba al intento de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, ni a los cargos comunes de violencia.

El Fiscal Mariaca había comenzado a rastrear los flujos financieros opacos, las redes de lavado de activos y, lo más explosivo, la penetración de este operador de la ultraderecha regional en el núcleo mismo del poder ejecutivo boliviano.

El argentino Cerimedo, identificado en los círculos de inteligencia como el «hombre de MAGA en Latinoamérica», había sido el asesor personal del propio presidente Rodrigo Paz y su presencia en Bolivia formaba parte de una estrategia mayor de la derecha transnacional para moldear las políticas de la región.
La investigación estaba a punto de demostrar cómo un extranjero con vínculos directos con los círculos más duros de Washington operaba con impunidad dentro del Estado boliviano, utilizando estructuras estatales para protegerse.

Mariaca se convirtió entonces, en un obstáculo inaceptable porque su independencia judicial amenazaba con exponer que el verdadero escándalo no estaba en su despacho, sino en el paraguas que cubría a estos activos geopolíticos.

El doble rasero de EEUU con esta mecánica, queda en evidencia al contrastarlo con el caso de Juan Orlando Hernández.
El expresidente de Honduras fue extraditado, juzgado y condenado en una corte federal de Nueva York por convertir su país en un narcoestado, con pruebas contundentes de su colaboración directa con el Cártel de Sinaloa y tráfico de armas…

La evidencia fue tan abrumadora que el propio sistema judicial estadounidense lo sentenció a décadas de prisión.

Sin embargo, la maquinaria política de Washington, bajo la órbita de Trump, activó los mecanismos para indultarlo y liberarlo, borrando una condena firme con un trazo de pluma presidencial.

La contradicción es absoluta y deliberada.

Cuando un líder o un operador como Cerimedo o Hernández sirve a los intereses estratégicos de EEUU, el sistema judicial se vuelve maleable: las condenas se borran, los indultos aparecen y las investigaciones se archivan…

La etiqueta de narcotraficante se desvanece por arte de magia, tal como ocurrió cuando el Departamento de Justicia tuvo que retirar la acusación formal de que Nicolás Maduro lideraba el «Cártel de los Soles», rebajándola a un vago sistema de clientelismo al notar que la ficción no resistía el escrutinio legal.

Pero cuando un funcionario local como Mariaca se atreve a investigar a estos aliados o intenta ejercer la soberanía judicial con criterios propios, el interruptor geopolítico se invierte con brutalidad.
De repente, el Departamento de Estado revoca visas, el Tesoro impone sanciones y la DEA coordina operativos mediáticos para destruir su credibilidad y su libertad.

El circo mediático de los arrestos en vivo y las denuncias de secuestro no son un error de comunicación, sino que son una táctica de saturación.

Buscan paralizar la reflexión crítica y dividir a la opinión pública entre la indignación por la supuesta injerencia y el rechazo hacia la figura del fiscal acusado.
Mientras la sociedad debate el espectáculo, la reconfiguración del poder se consuma en silencio.

Estamos ante una reedición agresiva de la Doctrina Monroe, pero actualizada para el siglo XXI.

Los yankees ya no se necesitan marines desembarcando en costas caribeñas… Ahora la invasión es jurídica, financiera y cognitiva.

EEUU está demostrando que, ante la imposibilidad de dominar el mundo multipolar que emerge, está dispuesto a convertir a América Latina en una fortaleza cerrada, donde la democracia y el estado de derecho son variables ajustables, sacrificables en el altar de la supervivencia geopolítica de una potencia que siente, con razón, que su tiempo de hegemonía indiscutida se agota.

REPITO: NINGÚN PAÍS ESTÁ FUERA DE RIESGO.
NI SIQUIERA AQUELLOS QUE TONTAMENTE CREEN QUE EEUU ES UN PAÍS AMIGO