Como si tratara de la única empresa en el mundo, sin licitación, sin ninguna clase de selección abierta y pública, el gobierno de Abelardo de la Espriella a través de la Cancillería acaba de expedir la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026 para que Thomas Greg & Sons se encargue de producir los documentos hasta diciembre de 2027.

La Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 se encargará de los pasaportes hasta el 17 de diciembre de 2027.

El valor del contrato, cobijado por la declaratoria de urgencia manifiesta, es de $240.352 millones. 

La decisión de la Cancillería surge después de que fueran suspendidos los convenios que se firmaron en el Gobierno de Petro entre la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio de la Cancillería, con la participación de la Casa da Moneda de Portugal.

A través de este convenio se producían las libretas desde abril de este año, en conjunto con la empresa estatal francesa IN Groupe. 

Por su parte, la Imprenta Nacional realizaba la personalización, custodia y entrega. 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el convenio interadministrativo después de una acción popular que interpuso Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

La medida cautelar contra los Convenios mencionados se tomó por «una sucesión de cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios entre sí, ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, así como la falta de acreditación de los requisitos presupuestales». 

Thomas Greg & Sons “esconde prácticas cuestionables”, según medio mexicano

En el artículo se señala que Thomas Greg & Sons ha ganado terreno de manera rápida en México, pero que, detrás de esto, se esconden antecedentes criminales preocupantes y una serie de prácticas cuestionables.

El periodista mexicano Raúl Flores Martínez advierte en su artículo, que los hermanos Fernando y Camilo Bautista, accionistas mayoritarios de Thomas Greg & Sons de México, fueron condenados en los Estados Unidos por FRAUDE FINANCIERO Estafaron a 25 bancos norteamericanos y desviaron más de 105 millones de dólares.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió al papel que juega la cuestionada empresa en el software electoral colombiano, en tal sentido, publicó una declaración en X en la que detalló por qué, en su criterio, los escrutinios de las elecciones de 2026 fueron vulnerables al fraude. El mandatario aclaró desde el inicio que su denuncia no parte de un pronóstico de derrota electoral. «No porque crea que nuestro proyecto democrático vaya a perder sino porque es mi deber como jefe del estado al menos informar sobre uno de los peores riesgos de la democracia hasta ahora construida», escribió.

El centro de la denuncia es la empresa Thomas Greg & Sons, a la que la Registraduría adjudicó un contrato por 2,75 billones de pesos para manejar el preconteo, la logística, la digitación y la consolidación de datos electorales de 2026. Sumados todos los contratos desde 2007, el Estado colombiano le ha entregado a esa firma 4,4 billones de pesos. «En mi opinión este es un hecho de corrupción mayúscula», sentenció el exmandatario.

Las acusaciones del presidente Petro fueron más allá. En declaraciones públicas, el mandatario afirmó que ASD es una filial de Thomas Greg and Sons, empresa con amplia trayectoria en contratos estatales en Colombia, y trazó una línea directa entre ambas compañías y una serie de procesos electorales cuestionados: el fraude denunciado en 2014 en el río Mira, las irregularidades señaladas en 2022 contra el Pacto Histórico, las elecciones acusadas de fraude en Honduras y las elecciones locales juveniles de 2023.

Además, el expresidente Petro afirmó que, una vez ASD se retiró formalmente del contrato de preconteo, fue reemplazada por otra empresa que también pertenece al mismo grupo, Thomas Greg and Sons, lo que según el presidente significaría que el cambio fue de nombre, pero no de manos.

La empresa señalada por presunto fraude en Honduras no se desvinculó por completo del proceso electoral colombiano,