Ley de Rescate Fiscal arrasa con la clase media, sube el IVA hasta 19% en alimentos

La Ley de Rescate Económico, como la llama el gobierno de Abelardo De la Espriella, fue presentada este jueves 29 de octubre, con un evento de tarima en la plaza de Bolívar por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ante poco público y sin preguntas de la prensa.

Desde la radicación, el trámite arrancó con resistencia en diferentes sectores, pues ha generado reacciones y cuestionamientos por parte de congresistas, exministros y exfuncionarios públicos.

Esta es una reforma tributaria que evoca al mismo tiempo los impuestos propuestos que el Congreso le rechazó a Petro y los que la calle le cobró a Alberto Carrasquilla en 2021. Entre ellos, varios muy impopulares, como más IVA a la gasolina, al café y a las frutas y verduras y productos de la canasta familiar.

La ley tiene 106 artículos y busca, entre recortes y nuevos impuestos, según lo expuesto por el gobierno, recuperar 3,58% del PIB en 2028 y en 4,09% en 2030, según la exposición de motivos. Es una reforma muy lesiva y golpea principalmente a la clase media, clave en la victoria de De la Espriella, ayuda a las empresas en impuesto de renta, a los ricos reduciendo el umbral del impuesto al patrimonio y aumenta el costo del empleo formal.

De la Espriella llegó al gobierno prometiendo un recorte del 40% del estado. Esta ley se queda corta, pero hace parte de lo prometido tanto a los electores como a los inversionistas. Nadie ha logrado algo similar desde que Álvaro Uribe pegó varios ministerios en su primer mandato. Y nadie había pedido tantos poderes para hacerlo desde entonces. 

El artículo 7 le da al presidente facultades extraordinarias por seis meses para “suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos, así como determinar o modificar su denominación, objetivos, estructura orgánica”. También para “suprimir, fusionar, escindir y cambiar la naturaleza jurídica” de superintendencias, agencias, unidades administrativas especiales y establecimientos públicos. 

Desde sectores críticos al gobierno expresan temor por la falta de los límites al poder otorgado a De la Espriella. “Hay unas consecuencias que me parecen muy peligrosas, muy preocupantes”, dice Simón Gómez, director del centro de pensamiento económico Centro Vida. Para él, es una reforma constitucional “por la vía de atrás”: “La Constitución consagra los derechos, y construir los derechos en el tiempo ha necesitado una institucionalidad que lleva 30 años de construcción”. Gómez también critica la comisión de seguimiento que crea el artículo, de dos senadores, dos representantes y cuatro funcionarios del gobierno.

El artículo 96 le da al gobierno otros seis meses para cambiar el sistema de carrera de la Dian. Según el exdirector de esa entidad Luis Carlos Reyes, la ley “permitiría eliminar los concursos anuales para ingresar a la Dian y regresar a la práctica de nombrar a miles de funcionarios”.

La ley también propone un recorte al gasto y los salarios de los funcionarios del Estado. Obliga a que el gasto de personal del Presupuesto, sin contar la fuerza pública, baje 20% en 2028, unos $9,6 billones según Hacienda. El gobierno no especifica si el ajuste será suprimiendo cargos, lo que costaría en indemnizaciones, o bajando salarios y primas. En 2029 y 2030, el gasto de personal no podrá crecer más de 0,5 puntos por encima de la meta de inflación.

Lo segundo es un recorte de 50% en el costo de los contratos de prestación de servicios en 2027 frente a 2026. Es incluso menor que el que planteó el gobierno en su directiva presidencial, pero lo vuelve ley y obligatorio.

Una tributaria con aumento del IVA que estrangula a la clase media

Como el recorte no es la mayor parte del ajuste, la plata sale sobre todo de subir los ingresos vía impuestos, es decir, una tributaria. En términos de los nuevos  impuestos, se trata de medidas parecidas a las propuestas por Duque, con Alberto Carrasquilla y del ahora vicepresidente José Manuel Restrepo.

REFORMA IMPACTA LA CANASTA FAMILIAR

Lo que más plata trae viene de donde usualmente echan mano las tributarias en Colombia: el IVA y el sello Carrasquilla. El proyecto se cuida de decir que no toca la “canasta básica”, los ítems de alimentos más básicos. Sin embargo, sí le pega a productos de consumo masivo como el cacao, el café y el azúcar e impone el 5% a las frutas, incluido el plátano y el banano, además y verduras como la zanahoria, frijol y lentejas,el queso, la sal, También toca las importaciones de productos comprados por plataformas digitales, los carros híbridos, los biocombustibles y un largo etcétera. 

También como proponía la reforma de Carrasquilla, baja el umbral del impuesto de renta a personas. Lo que los economistas llaman ampliar la base tributaria. Crea un nuevo umbral con impuesto del 9% para asalariados de ingresos mensuales por encima de $3.300.000, tendría que pagar el impuesto sobre sus ingresos adicionales a ese valor. .

En términos de la plata que recauda, la reforma de De la Espriella es una fotocopia de la propuesta por Carrasquilla: el 60% de esa plata sale de medidas que él había propuesto total o parcialmente en 2021. Incluyendo algunas de las más polémicas, como subir el IVA de bienes de la canasta básica —así el gobierno lo niegue— a bienes como la gasolina, frutas y verduras. También empezarán a pagar el 19% completo de la tarifa plena de IVA el café, azúcar, insumos para alimentos animales y los biocombustibles. Esto último afectará aún más el precio de la gasolina.

La clase media queda en un sándwich. Sin devolución de IVA y un mayor cobro de renta. A eso se suma que sube la cotización a salud de quienes ganan más de dos mínimos. Según cálculos, un asalariado de $6 millones al mes pagaría unos $2,1 millones más al año entre renta y salud. Uno de $10 millones, unos $4,3 millones más. La senadora uribista María Clara Posada ya anunció que votará en contra de cualquier medida que aumente la carga de la clase media. 

La cervez, el trago y el cigarrillo subiría entre un 30% y un 50%

Aumento estimado del precio al consumidor con la Ley de Rescate, con la tarifa plena (%)

La ley también amplía el impuesto a las bebidas azucaradas, que el uribismo quiere tumbar. Desde 2028 pagarían también las gaseosas y jugos con menos de 5 gramos de azúcar y las bebidas “light” o “zero” con edulcorantes, que hoy no pagan, lo que sumaría unos $1,8 billones al año. Es el mismo impuesto que el representante del Centro Democrático Daniel Briceño quiere eliminar con un proyecto de ley que anunció en agosto con la representante Carol Borda.

LA REFORMA BENEFICIA A LOS MÁS RICOS Y GOLPEA A LOS MAS POBRES Y CLASE MEDIA

Al mismo tiempo, esta reforma tributaria beneficia a los más ricos del país. El impuesto al patrimonio se pagará menos, porque sube el patrimonio mínimo para pagarlo de 72.000 a 95.500 UVT, es decir, de $3.771 millones a $5.000 millones, y solo estará vigente hasta 2030. 

Esto generó un grito en la opinión pública, pues beneficia a los ricos y golpea a los pobres y a la clase media, pero es lo que piden los expertos. “Si uno piensa en el deber ser de un estatuto tributario, esto lo están haciendo: quita exenciones del IVA, reduce el tema de parafiscales”, dice Rojas. Las comisiones de expertos de 2015 y de beneficios tributarios de 2021, que cita la exposición de motivos, pedían buena parte de estas medidas. La discusión es qué tan posible es que pasen. “La de Carrasquilla, todos los técnicos decían que era una de las mejores reformas tributarias que se le proponían al país”. ¿Y qué pasó? “Ya sabemos qué pasó”, dice Rojas.