A juicio Viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, por Concierto para delinquir y hurto calificado

La actual viceministra de defensa Claudia Carrasquilla, está acusada penalmente y a la espera de la audiencia preparatoria para ir a juicio. El origen del caso es una denuncia presentada por William Fernando Molina, entonces patrullero de la Policía en Valledupar, capturado en julio de 2015 y procesado por concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Molina denunció a Carrasquilla y a cuatro integrantes de su equipo de policía judicial: Orlando Cardozo, Wilmer Esneider Brito Ramírez, Néstor Andrés Rodríguez Porras y Javier David Pestaña.

El punto central de la denuncia son cuatro declaraciones juradas tomadas en cárceles de Valledupar, fechadas el 15 y 16 de mayo de 2014, el 5 de junio de 2014 y el 4 de diciembre de 2015. Según el denunciante, Carrasquilla aparece firmándolas como fiscal a pesar de que no habría estado presente cuando se realizaron las diligencias. La denuncia sostiene que un investigador ingresaba a las cárceles, recogía las versiones y posteriormente obtenía las firmas de otros funcionarios y de la fiscal en lugares diferentes. Molina asegura que esas actuaciones tuvieron incidencia en el proceso que terminó con su captura y privación de la libertad durante más de dos meses.

La hoy viceministra fue imputada el 5 de diciembre de 2024 y posteriormente acusada. El escrito de acusación fue presentado el 4 de abril de 2025 y la formulación de acusación se hizo el 20 de mayo. Desde entonces, la audiencia preparatoria ha sido programada en varias oportunidades sin que haya podido realizarse. Primero en octubre de 2025, luego en enero, abril y julio de 2026, y nuevamente en septiembre de este año.

No obstante, a pesar de la existencia de esta grave imputación y llamamiento a juicio a la Viceministra, hace presumir la existencia de suficiente material probatorio en contra de Carrasquilla, lo cual; si bien no equivale a una condena, existen grandes indicios de poder ser condenada por los delitos que se le imputan. En todo caso, la funcionaria conserva la presunción de inocencia y las circunstancias concretas de las declaraciones, así como su eventual responsabilidad, lo cual deberá ser determinado por los jueces.