Benedetti aclara que ley de encuestas no fue iniciativa del Gobierno y fue aprobada con participación de varios partidos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que la ley 2494 de 2025, o, por medio de la cual se
establecen medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuesta, no pretende ser una mordaza para las empresas que se dedican a hacer ese tipo de estudios. Además, aclaró que fue una iniciativa del Congreso con participación del Centro Democrático, el partido Verde, al Pacto Histórico y
otros.
“Hoy Invamer no puede publicar su encuesta no solo porque no es el tiempo para hacerlo, sino que la nueva ley obliga a que se tomen en cuenta municipios pequeños, medianos y grandes porque siempre encuestaban las ciudades grandes, como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etc.”, indicó el jefe de la
cartera.
Agregó que la empresa sí puede hacer encuestas sobre la favorabilidad del Gobierno, instituciones, alcaldes o gobernadores, “lo que no pueden hacer es encuestas sobre el proceso electoral y los candidatos”.
La iniciativa asegura que toda encuesta deberá seguir las exigencias de la ley, y que, además, deberá garantizar la representatividad de la muestra a través de un método científico; además, indica que los estudios de favorabilidad solo podrán publicarse a partir de los tres meses anteriores al inicio del periodo de inscripciones de candidaturas. La iniciativa también indica que una vez cierre ese plazo, las mediciones deberán incluir a todos los candidatos oficialmente inscritos.

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El representante a la Cámara Alirio Uribe, del Pacto Histórico, aseguró que el proyecto de ley tuvo acogida en el Congreso porque hay una “sensación compartida” de que las encuestadoras “manipulan a la opinión pública” para favorecer a ciertos candidatos. “Era necesaria una ley que las regulara, que estableciera unas reglas de juego. Se busca más fiabilidad y transparencia”, añadía, tras afirmar que las encuestadoras “no son actores neutros” sino que, por el contrario, tienen intereses políticos.

Por su parte la senadora Clara López, una de las autoras de la iniciativa, justifica la norma como un mecanismo para garantizar equidad electoral. La congresista afirma que la restricción se acopla al calendario electoral “para que no se pueda utilizar la encuesta para crear percepciones sobre candidatos y sus posibilidades de éxito” porque, asegura, eso afecta la decisión del voto del ciudadano y las posibilidades de financiación y cobertura de las distintas campañas.