Gobierno exige a las Alcaldías y Gobernaciones eficiencia en el manejo de los recursos del PAE

A raíz que al Ministerio de Educación Nacional llegaron quejas sobre la repentina suspensión del Plan de Alimento Escolar (PAE) en algunas regiones del país, el BOCÓN se dio a la tarea de investigar sobre quien recae la responsabilidad directa del manejo de estos recursos y a que entidad corresponde su vigilancia y control.

Según informe de la Contraloría General de la Nación, publicado recientemente, en el cual; se advierte sobre un faltante presupuestal en el PAE que alcanzaría los 500 mil millones de pesos, cifra que comprometería la entrega de raciones a más de 3 millones de estudiantes que dependen de este servicio en sus instituciones educativas y de la eventual suspensión del programa a partir del mes de septiembre.

Según datos del MEN, los recursos del Gobierno Nacional pasaron de 1,26 billones de pesos en 2022 a 2,13 billones en 2025, lo que representa un aumento del 68%. En cambio, los aportes propios de cofinanciación por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC) han presentado una disminución en la presente vigencia.
Con una inversión histórica del Gobierno Nacional, en lugar de aumentar la cobertura del PAE, en 82 territorios, esta disminuyó. Nos preguntamos: ¿qué está pasando en las Gobernaciones y Alcaldías?
El Ministerio de Educación insta a las Gobernaciones y Alcaldías a responder a los niños, niñas y a sus familias, por la cobertura del PAE que se tenía proyectada.

El BOCÓN pudo establecer, que el PAE no tiene un porcentaje de financiación fijo para las alcaldías, ni los entes territoriales, sino que su participación se da a través de la cofinanciación y la ejecución del programa, complementando los recursos que aporta la Nación. Sin embargo, el tema de la contratación de los servicios de alimentación con empresas contratistas puede resultar traumático si estos recursos no son manejados de manera adecuada, quizás, porque requiere un mayor control y vigilancia, este es uno de los puntos más álgidos que tiene el PAE que se encuentra expuesto en un gran porcentaje al grave problema de la corrupción.

LA UNIDAD DE ALIMENTOS PARA APRENDER (UApA)

El Gobierno Nacional delegó a la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) un rol reforzado de inspección y vigilancia sobre el PAE, con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y exigir a las ETC el cumplimiento estricto de sus responsabilidades.

En esta dirección, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), reconocido como un programa social de lucha contra el hambre en el ámbito educativo, se ha consolidado como una de las prioridades presupuestales del Gobierno del Cambio. Su fortalecimiento responde a la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, y de promover condiciones que favorezcan su permanencia y éxito escolar.

El director de la UApA, Sebastián Rivera, explicó que la responsabilidad del programa (PAE) no recae únicamente en el Gobierno central, ya que se trata de una estrategia de carácter conjunto en la que participan tanto la Nación como las entidades territoriales. Precisó que mientras el Ejecutivo destina recursos para la financiación global, son los departamentos y municipios quienes definen los estudios de cobertura y adelantan los procesos de contratación de los operadores encargados de entregar la alimentación.

En tal sentido, la Contraloría ha documentado irregularidades en contratos y sobrecostos en diferentes regiones, lo que ha llevado a la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias.

Es importante recordar que la cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar, en el marco del ordenamiento jurídico colombiano, se estructura como un sistema de concurrencia entre los distintos niveles de gobierno, conforme a los principios de coordinación, coparticipación y subsidiariedad establecidos. Por lo anterior y para garantizar el funcionamiento del programa la inversión referenciada se suma a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos de regalías y aportes propios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa.

Las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) son responsables de asegurar la operación del PAE en sus respectivos territorios, lo que implica la planificación integral del servicio de alimentación escolar y la ejecución oportuna de los procesos de contratación. Esta responsabilidad incluye garantizar la prestación del servicio desde el primer día del calendario académico y sin interrupciones durante todo el año escolar, en función de las necesidades locales y las condiciones operativas específicas de cada territorio.

A pesar de este esfuerzo fiscal sin precedentes del Gobierno Nacional, persisten preocupaciones sobre la capacidad de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) para garantizar su implementación efectiva y oportuna en los territorios. Algunas decisiones adoptadas por las ETC que han impactado negativamente el desarrollo del programa incluyen:

• Los aportes propios de cofinanciación por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC) han registrado una tendencia decreciente desde 2021, en contravía del mandato establecido en la Ley 2167 de 2021, que exige un incremento anual en términos reales de dichos recursos. Esta disminución compromete la sostenibilidad financiera del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y limita su capacidad de respuesta frente a las necesidades territoriales.
• Se evidencian deficiencias en los procesos de planeación por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC), lo que se traduce en niveles de cobertura estancados o incluso decrecientes, a pesar del incremento sostenido en el financiamiento nacional.
• Las decisiones adoptadas en torno a los procesos de contratación y la distribución de los complementos alimentarios no responden adecuadamente a los criterios de priorización definidos por la UAPA ni a las condiciones particulares de cada territorio, lo que limita el uso eficiente de los recursos asignados al Programa de Alimentación Escolar (PAE)
• Persisten debilidades en la definición de los costos asociados a la prestación del servicio, lo que reduce la capacidad de ampliar la cobertura estudiantil o de extender el número de días de atención durante el calendario académico
• Los procesos de contratación que no promueven la articulación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la economía local desconocen la producción regional, las costumbres alimentarias y las dinámicas socioculturales del territorio. Esta desconexión incrementa los costos logísticos y de intermediación, afectando la eficiencia del uso de los recursos públicos. Resulta especialmente preocupante que, en varias Entidades Territoriales Certificadas (ETC), se observe una reiterada selección de los mismos operadores, lo que limita la competencia, la innovación y la inclusión de actores locales en la cadena de valor del programa.

Estas decisiones sumadas a anteriores practicas institucionales de fragmentación de la asignación de los recursos a las ETC, por las que se esperaba que el Gobierno Nacional en el segundo semestre realizará una nueva asignación, han generado unas condiciones de riesgo de la continuidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar, sea por acciones administrativas relacionadas con lo contractual o por una posible falta de recursos de financiación lo que podría afectar a más de 500.000 estudiantes en los próximos meses.

Adicionalmente, a pesar del esfuerzo presupuestal sin precedentes por parte del Gobierno Nacional, no se ha logrado una cobertura proporcional en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 82 Entidades Territoriales se presenta una disminución de la cobertura del programa en 421.514 estudiantes, lo que genera inequidades y limita el acceso efectivo al derecho a la educación y a la alimentación para millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes vinculados al sistema educativo.

Por ejemplo, en 2022, con una inversión total cercana a los 3,3 billones de pesos, la cobertura promedio nacional fue del 72,6%. Para 2024, con una inversión superior a los 5,2 billones de pesos, la cobertura apenas alcanzó un promedio de 76,14% a junio de 2025, evidenciando una desaceleración en la expansión del programa. Esta brecha es especialmente crítica en departamentos y municipios con alta vulnerabilidad social, donde el PAE representa un componente esencial para garantizar condiciones mínimas de permanencia escolar.

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional anuncia que:

1. Se delegará a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – UApA, la Inspección y Vigilancia de los recursos asignados por el Gobierno Nacional al Programa de Alimentación Escolar buscando garantizar el uso eficiente de los recursos del PAE en las ETC.
2. Se exigirá a las ETC el cumplimiento estricto del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 2167 de 2021, que ordena incrementar los aportes propios en términos reales.
3. Se impulsará, en coordinación con los entes de control, la aplicación de las medidas correspondientes a quienes incurran en irregularidades en la gestión de recursos, garantizando que estos fondos, fundamentales para el bienestar de la niñez colombiana, sean utilizados de manera íntegra y transparente.
4. Se implementarán mecanismos de publicidad y trazabilidad para fortalecer la participación ciudadana y el control social, para que la sociedad civil, las familias y las comunidades educativas puedan ejercer veeduría activa sobre el PAE.

Este es un llamado firme y constructivo a todas las Entidades Territoriales Certificadas (ETC): los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) son sagrados. Su ejecución debe realizarse con eficiencia, oportunidad y absoluta transparencia.

La alimentación escolar no constituye un favor ni un privilegio: es un derecho fundamental y una obligación ineludible del Estado con la niñez colombiana. La protección de la infancia comienza por garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. Cada peso desviado representa una oportunidad perdida para mejorar la nutrición, la educación y el bienestar de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Ante la falta de recursos disponibles, se viene trabajando con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP la identificación de una posible fuente de asignación adicional, sin embargo este proceso debe surtir tramite de Ley ante el Congreso de la Republica por ser una modificación al presupuesto de la UApA, por lo que recomendamos a las ETC que realicen la gestión necesaria de los recursos que permitan sostener el funcionamiento del programa teniendo en cuenta las diferentes fuentes que están a su alcance.

Este fue el comunicado que reafirma el compromiso del Gobierno Nacional de trabajar de manera articulada con los entes de control, para asegurar que quienes vulneren estos recursos enfrenten sanciones ejemplares.

Convocamos a la ciudadanía a ejercer su rol activo en la exigencia de transparencia, vigilancia y sanción frente a la corrupción. Porque defender el bienestar de la niñez es defender el futuro de Colombia.

el PAE no tiene un porcentaje de financiación fijo para las alcaldías, sino que su participación se da a través de la cofinanciación y la ejecución del programa, complementando los recursos que aporta la Nación