La CUT rechaza un decreto que amplía el margen policial ante las protestas

La Central Unitaria de Trabajadores cuestionó el Decreto 1525, expedido un día antes de las movilizaciones nacionales del 14 de octubre. La norma modifica los protocolos policiales y permite intervenir frente a hechos violentos sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes.

El Gobierno de Colombia expidió el Decreto 1525 el 13 de octubre, en vísperas de una jornada nacional de movilizaciones contra sus políticas económicas y de seguridad. La norma modifica los procedimientos de actuación policial durante las protestas y abrió una nueva disputa sobre los límites de la intervención de las fuerzas de seguridad y las garantías para el ejercicio del derecho a manifestarse. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la medida y exigió su derogación.

El decreto establece cinco niveles de actuación institucional, desde la gestión preventiva y el diálogo hasta la intervención policial para restablecer el orden. Sin embargo, introduce una modificación relevante: cuando se registren hechos violentos o actos de vandalismo, la Policía podrá intervenir contra sus responsables sin esperar a que finalice el diálogo con el conjunto de los manifestantes. El Gobierno sostiene que la norma busca proteger la protesta pacífica y garantizar los derechos de quienes no participan de ella.

La disputa por el derecho a la protesta

La CUT por medio de su presidente Fabio Arias, cuestionó duramente las nuevas disposiciones, señala que con estas normas se habiliten las intervenciones policiales sin agotar previamente determinadas instancias de diálogo y mediación.La central sindical advirtió que esta modificación puede ampliar el margen de actuación de las fuerzas de seguridad contra las movilizaciones sociales y afectar a trabajadores, sindicatos y organizaciones populares.

En su pronunciamiento, la organización sostuvo que “los bloqueos e interrupciones de vías son expresiones propias de la protesta social y no se constituyen, por sí mismos, en actos de violencia”. También reclamó “plenas garantías democráticas” y el “respeto irrestricto de los Derechos Humanos”, además de exigir la derogación del decreto. El Gobierno, por su parte, sostiene que las autoridades deben actuar ante situaciones de violencia y obstrucciones que afecten servicios esenciales, y prevé la habilitación de corredores para el paso de ambulancias, medicamentos y alimentos.

La discusión central pasa por cómo se aplicarán los criterios de intervención y qué garantías tendrán quienes participen de las protestas. La CUT sostiene que el Estado debe proteger el derecho a manifestarse, en lugar de adoptar medidas que, a su juicio, pueden facilitar la represión