Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, ya investigan caso MinTic

El país entero pide claridad y sanciones ejemplarizantes sobre la investigación que se está adelantando alrededor del polémico contrato que firmó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Mintic) con la Unión Temporal Centros Poblados para instalar siete mil puntos digitales en las zonas rurales más apartadas del país. Se trata de una de las apuestas de conectividad tecnológica más audaces de la última década en nuestro país, al punto que el monto total del contrato es de 1,1 billones de pesos y que beneficiaría a poblaciones más apartadas del país

La Procuraduría como organismo de control informó a los medios que el pasado 26 de julio abrió una indagación preliminar por la asignación de esta licitación estatal respecto del contrato que celebró el Ministerio de las TIC para conectar a internet a colegios de regiones apartadas y vulnerables del país, .

Hay que señalar, que después de un largo debate en el Congreso se pidió moción de censura para la ministra Karen Abudinen por haber aprobado dicho contrato, que terminaron con pólizas de  garantías falsas,  A este hecho, ahora se suma el anuncio de la Procuraduría  y de la Fiscalía de que investigará este caso que tiene en vilo a todo el país..

De hecho, el organismo informó que el pasado 27 de julio abrió una indagación preliminar sobre el Contrato Estatal de Aporte No. 1043 /2020 celebrado por el MinTIC para Centros Digitales. Explicaron que el estatus de ese proceso es que se encuentra en etapa probatoria para fijar eventual apertura de investigación.

El contrato para llevar internet a 14.745 escuelas rurales se lo ganó la Unión Temporal Centros Poblados, empresa que fue presentando retrasos en la instalación a pesar de que el MiniTIC le giró un adelanto de $70.000 millones. A raíz de este retraso se conoció que las garantías y documentos que presentó la empresa eran falsas.

A hoy ya la Fiscalía, Contraloría y Fiscalía están adelantando las respectivas investigaciones, no solo sobre las actuaciones del consorcio, sino también de los funcionaros del Ministerio, al tiempo que se rastrea el cómo y cuándo del origen de las pólizas y garantías posiblemente anómalas. También hay procesos administrativos sobre la firma interventora y se estudia la viabilidad legal de una posible caducidad del contrato con Centros Poblados. Igual se investiga si hubo anomalías en la revisión de la experiencia y capacidad  operativa y presupuestal de las cuatro empresas que componen la unión temporal, más aún ante versiones periodísticas que señalan que algunas de ellas ya habían contratado con el Estado y registrado problemas. Incluso, se trabaja con agencias de seguridad y judiciales de Estados Unidos para ayudar a ubicar la cuenta en que terminó depositado ese desembolso y gestionar su recuperación

Por otra parte, el presidente Iván Duque dijo que apoyaba a la ministra  Karen Abudinen, de quien destacó fue la que denunció las irregularidades..