Alcaldía expropia más de 120 casas en Rebolo y habitantes protestan frente a su casa en el Golf

La noche de este viernes 21 de julio, un grupo de personas, habitantes del barrio Rebolo, exigió no expropiar sus viviendas, dicha protesta, se realizó frente a la casa del alcalde Jaime Pumarejo. La situación está relacionada con las afectaciones de las cuestionadas obras de canalización del arroyo Hospital que terminaron afectando a más de 120 viviendas de este sector populoso de la ciudad.
Los ciudadanos, aburridos y cansados, sin encontrar una respuesta de parte del alcalde, y de la imposibilidad de resolver sus necesidades, decidieron tomarse la calle con esta manifestación, que exigían el justo derecho la no expropiación de sus viviendas.

La protesta tuvo lugar frente a la residencia del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en el sector de El Golf, ubicada en el norte de la capital del Atlántico.

NI EL ALCALDE NI NINGÚN CONTRATISTA DA LA CARA

Entre arengas y cánticos, los participantes de la manifestación pidieron soluciones a las más de 120 viviendas ubicadas en el barrio Rebolo, que serán expropiadas. De acuerdo con sus declaraciones, la infraestructura de las casas estaría colapsada, por lo que le están exigiendo a las autoridades locales que «den la cara».

Por la grave situación que denunciaron los ciudadanos, ya habían citado a una manifestación el pasado jueves 13 de julio.

Se conoció, que la alcaldía tan solo ofrece $55 millones por cada casa, sin que existan viviendas dignas con un valor similar en el mercado.

Adonde nos vamos a ir? que casa vamos a comprar con esa plata? Nadie responde, gritaban desesperados los manifestantes.

Actualmente, ninguna vivienda digna tiene ese valor en Barranquilla, lo que indica, un menoscabo al poco patrimonio de los habitantes de Rebolo, quienes han visto desde el año 2016, fecha en la que iniciaron las obras de canalización, como han sido afectadas sus viviendas, encontrándose en estos momentos a punto de colapsar, por las malos trabajos realizados por parte de los contratistas del Distrito.

Los ciudadanos exigen un mayor valor del pago de su vivienda, mientras que el distrito y el alcalde amenazan con expropiar las viviendas a más de 120 familias.