SALAZAR FIRMÓ CONTRATO CON THOMAS CREG SIN RESERVA PRESUPUESTAL, Y YA TENÍA PROCESO PENAL POR CORRUPCIÓN

Desde las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores se confirmó que el contrato que firmó el cuestionado exsecretario General de la Cancillería, JOSÉ ANTONIO SALAZAR, con la firma Thomas Creg & Sons, no contaba con el CDP (certificado de Disponibilidad Presupuestal) razón por la cual; el dudoso contrato no tiene los recursos estatales que lo amparen y por ende, deberá declararse su invalidez para todos los efectos legales.
Hay que recordar, que el ahora insubsistente secretario de la Cancillería fue denunciado penalmente y desde agosto de 2023 enfrenta un proceso hasta ahora sin ningún resultado. La denuncia, fue por permitir que en la licitación de los pasaportes se hicieran pliegos sastre a la medida de Thomas Greg and Sons e ignorar una consultoría internacional que recomendaba cambiarlos.

En septiembre de 2023 se conoció que a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia llegó una denuncia contra el ahora declarado insubsistente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por la configuración de un presunto caso de corrupción en el proceso de licitación de los pasaportes en Colombia, sin embargo, al único que hasta ha sido sancionado, por parte de Procuraduría de Cabello, fue al Canciller Álvaro Leyva Durán.

Hay que señalar, que los denunciantes incluyeron en su queja todas las pruebas documentales del caso, pidieron que se investigara al secretario Salazar y también a su asesora Lyda Magaly Rodríguez Gutiérrez y al director administrativo y financiero de la entidad, Eduardo Alexander Franco Solarte, por el posible direccionamiento del contrato para favorecer al operador que hasta ese momento tenía a su cargo el proceso de elaboración y distribución de las libretas y que lleva más de 20 años con el contrato; es decir, la firma Thomas Greg & Sons.

Más allá de cualquier especulación sobre el caso, lo cierto es que se nota un entramado de corrupción, “una jugadita” no solo por la forma rápida en que fue firmado este contrato, sino por la falta de los soportes legales correspondientes para su validez.