«Procuraduría no cumple con el fallo en el caso Petro»: Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Corrupción Opinión
Redacción El Bocon
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Siguen las reacciones y el escándalo que ha surgido después de la firma del Decreto 1851 de 2021 que aprobó la adición de 1.208 cargos a la planta de la Procuraduría General de la Nación, según la entidad que regenta Margarita Cabello Blanco, para darle cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la demanda del exalcalde de Bogotá y senador Gustavo Petro.
La procuradora Margarita Cabello, insistió en que se hizo un estudio de cargas laborales para evacuar más de 75 mil procesos represados, lo que confirma, a su parecer, la necesaria ampliación de personal.
Sin embargo, críticos de la gestión de la entidad, como Humberto de la Calle, indicaron que no puede argumentarse que la creación de los cargos se deriva del cumplimiento de una sentencia de la Corte IDH, pues dicho pronunciamiento se expresa en otros términos, es decir, sobre las decisiones de pérdida de investidura.
El candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que Margarita Cabello “transformó a la Procuraduría en una policía política”.
Luego de que la procuradora Margarita Cabello asegurara a los medios que la ampliación de la planta de personal en esa entidad es producto de una demanda de Gustavo Petro, el senador y candidato presidencial dijo que “esto es una falsedad”.
Por el contrario, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a la Procuraduría a no quitarles los derechos políticos a los ciudadanos.
Además, señaló que Cabello lo que hizo fue “transformar a la Procuraduría en una policía política” a cambio de cargos para los congresistas.
Respecto a la norma, se conoció un documento emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que expresa que la ampliación de la nómina del Ministerio Público no cumple con las disposiciones contempladas en el fallo que condenó al Estado colombiano por la destitución administrativa del entonces alcalde Gustavo Petro
“La Procuraduría continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención americana de derechos humanos”, expresa el documento que habría sido emitido el pasado 25 de noviembre por la CIDH.
