Capturan a Bernardo Moreno, otro funcionario del gobierno Uribe involucrado en la “Yidis Política”

La Corte Suprema de Justicia había ordenado su captura para que pague una condena de cinco años por participación en hechos de corrupción cuando fue funcionario del Gobierno de Álvaro Uribe.
En Calarcá, Quindío, se hizo efectiva la orden de captura emitida la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia contra Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) , quien fue declarado culpable y condenado a cinco años de prisión por su participación en el escándalo de corrupción conocido como la ‘Yidispolítica’.
La sentencia contra el exfuncionario, considerado el “Alfil” y uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe durante su primer mandato, implica además que debe pagar una multa de más de 140 millones de pesos y no podrá ocupar cargos públicos por casi siete años. La decisión se emitió por el delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado y fue confirmada a inicios de agosto por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

“Estar al frente de la contratación, la administración de recursos, el funcionamiento de la presidencia e incluso, de supervisar la seguridad del presidente”. Fue el hombre encargado de contactar a funcionarios, a congresistas como Yidis, cuadrar con ellos las dádivas que recibirían, mover la máquina para obtener lo que se deseaba.

Parte de lo que se le ofreció a la congresista Yidis Medina fueron puestos claves para algunas de las personas más cercanas a ella, quien pasó buena parte de su vida en la pobreza en Barrancabermeja, con tal de que se aprobara “el articulito” que terminaría en la reelección del presidente en el 2006. A comienzos de agosto del 2024 la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Bernardo Moreno por el delito de tráfico de influencias: a Yidis le ofreció desde notarias hasta cargos en Acción Social. Acosado por la justicia decidió entregarse este 21 de agosto en Calarcá Quindio, la tierra donde creció.
Como a Sabas Pretelt de la Vega, Uribe escogió a Bernardo Romero porque supuestamente eran técnicos que habían surgido desde el sector privado, sin previa experiencia en la política.

A Uribe lo conoce a punto de que surja el boom del padre de la Seguridad Democrática. En el año 2000 recibió apoyo en su intención de ser gobernador del Quindío, se quemó. Dos años después fue nombrado por Uribe para que estuviera al frente de Findeter. Tres años después sería director del DAPRE. Allí no sólo estuvo salpicado por las dádivas a Yidis sino que su nombre también salió a relucir en el escándalo de las Chuzadas del DAS.
Según el expediente, Moreno jugó un rol crucial en el cumplimiento de varios compromisos que el gobierno había adquirido con congresistas con el fin de que votaran a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Todo en medio del escándalo de dádivas que miembros del Gobierno otorgaron a personas cercanas a Yidis Medina, entonces representante a la Cámara, para que se pudiese aprobar una reforma constitucional que le permitió a Uribe por otro periodo presidencial consecutivo (2006 y 2010).
La sentencia confirmó también que Bernardo Moreno se valió de su cargo para enviar hojas de vida y nombrar a personas cercanas a Medina en cargos regionales, como notarías, el Sena o la Red de Solidaridad Social (RSS, hoy Agencia Presidencial para la Acción Social), en medio de un “pacto ilegal”.
Todo esto como retribución para la entonces congresista por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo N° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata.
“El procesado no es un novato en la administración pública ni en cargos de dirección, sabía que estaba procediendo por fuera del marco constitucional, legal y reglamentario encomendado cuando asumió el cargo de director del Dapre”, se lee en el fallo del Alto Tribunal.
De acuerdo con la Corte, la gestión de Moreno Villegas impulsó “el objetivo del entonces Gobierno Nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata”. Así mismo, Moreno se beneficiaba, pues, además de ser parte de la primera administración de Uribe, podría serlo en la segunda, “como en efecto ocurrió”.

SON CUATRO LOS EXFUNCIONARIOS CONDENADOS DEL GOBIERNO DE URIBE
Con esta condena ya son cuatro los exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe condenados por comprar su reelección en el Congreso: los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt y el exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri.
Uribe, por su parte, lleva años insistiendo en la honestidad de sus exfuncionarios, al investigar los hechos. La Corte Suprema de Justicia determinó que el soborno sí existió y por ello condenó a la exparlamentaria a tres años y medio de cárcel por el delito de cohecho.
Pretelt, Palacio y Velásquez, también fueron condenados por la Corte. Todos recobraron su libertad años más tarde.

Yidis Medina y el fallecido congresista Teodolindo Avendaño. Fueron condenados también. Tras las primeras discusiones, la decisión de Yidis Medina dio un giro inesperado y con su voto, salvó el debate a favor. Del segundo, la investigación probó que le habían pagado para no asistir ese día al Capitolio para alterar la mayoría. Avendaño fue condenado a ocho años de prisión y murió en noviembre de 2017, mismo año en que había recobrado la libertad.

Todavía se pregunta: ¿Quien dio las directrices de comprar la reelección?
¿Porqué a Álvaro Uribe no se le investigó por estos hechos?