CASO INTERBOLSA: Juez señala a la Fiscalía responsable por no investigar

ANTECEDENTES

El millonario descalabro de Interbolsa, que cumplió casi 6 años desde que el Gobierno nacional ordenó su liquidación en noviembre de 2012, sigue sin resolverse: todavía no hay justicia ni reparación; las víctimas aún están inconformes.

Las malas prácticas financieras de esta empresa llevaron al sistema bancario del país al borde de ser insostenible, y uno de los errores que pasó factura fue la falta de rigor de la autoridad reguladora, en este caso la Superintendencia Financiera. Fueron en total 492 víctimas, entre personas naturales y jurídicas, que hasta ahora han sido reconocidas por el Gobierno, quienes reclamaron  alrededor de 254.000 millones de pesos, pero solo se lograron recuperar 65.000 millones.

LA INEPTITUD DE LA FISCALÍA PARA INVESTIGAR CASOS DE CORRUPCIÓN

En Colombia no se absuelven por inocentes sino por falta de pruebas. A esta conclusión llegó el juzgado 56 de conocimiento de Bogotá que le hizo un fuerte llamado a la Fiscalía General por no presentar suficientes elementos de prueba en el juicio que se adelantó contra Gloria Elena Cárdenas Tobón y Yanneth Katherine Hernández Infante por el escándalo de corrupción de InterBolsa.

Recordemos que Cárdenas Tobón se desempeñó como directora de banca corporativa de Bogotá, mientras que Hernández Infante fue operadora comercial de Interbolsa y fueron investigadas ante la denuncia presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, al notificar el incremento irregular de las acciones de la empresa Fabricato.
Según la Superintendencia las acciones de Fabricato aumentaron cinco veces más de lo normal, teniendo en cuenta que la capacidad de la empresa no daba para que su cotización aumentara y por el contrario debería bajar notablemente.
Gloria Tobón era la encargada de estructurar las mesas de negociación para hacer posible que grandes inversionistas compraran acciones de Fabricato, ordenando las distribuciones de comisiones.

Por su parte Janeth Hernández era la encargada de monitorear una de las mesas de negociación, para así poder operar el engaño y utilizar los dineros de varias personas e invertirlos en la empresa, con el fin de obtener beneficios económicos.

En su decisión en estricto derecho, el despacho manifestó que existe una falta de compromiso por parte de la Fiscalía para investigar a fondo la mayoría de los casos de connotación nacional” y los “mal llamados ordinarios”, por la cual están quedando en la impunidad. “La labor investigativa y de acusación ejercida por el ente acusador es mínima”.

Debido a esto, “al momento de emitirse el sentido del fallo, los jueces de la República no cuentan con los elementos suficientes para condenar a los presuntos responsables de las conductas punibles, viéndose en la obligación de absolver y no porque sean inocentes los presuntos responsables, sino por falta de compromiso y demostración por parte de la Fiscalía”.

El funcionario judicial fue mucho más allá y calificó de “vergonzoso” el hecho que en el juicio no se alleguen los elementos materiales de prueba para tomar una decisión de fondo y demostrar la responsabilidad del acusado.