Ley de seguridad ciudadana «Criminaliza» la protesta social

En sesión extraordinaria, la Cámara de Representantes aprobó este lunes, con 103 votos a favor, el segundo debate del proyecto de ley de seguridad ciudadana que atiende temas relacionados con la inseguridad y los actos violentos ocurridos en el marco del paro nacional. La iniciativa fue propuesta por el Gobierno nacional con mensaje de urgencia.

De acuerdo con el texto del proyecto, tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana a través de la inclusión de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales, sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística y de otras disposiciones.

La representante a la Cámara Katherine Miranda fue enfática en decir que la ley de seguridad ciudadana “permite el uso indiscriminado de las armas por parte de los ciudadanos” abriendo la puerta al paramilitarismo

«La ley de seguridad ciudadana de este nefasto gobierno: criminaliza la protesta social, crea delitos y aumenta penas, permite el uso indiscriminado de las armas por parte de los ciudadanos. ¡Le abre la puerta al paramilitarismo en pleno diciembre y de espaldas al país!. Afirmó la congresista.

Por su parte, el abogado Diego Suárez sostiene que el derecho penal no soluciona los problemas sociales y esa ley de seguridad ciudadana lo único que logra es un salvoconducto para desconocer el debido proceso en las investigaciones.

De igual manera, el abogado Francisco Bernate, presidente del colegio de Abogados Penalistas considera que ese proyecto es una vergüenza.

Los puntos destacados del proyecto son los siguientes:

– Endurecimiento de penas en caso de homicidio contra un uniformado: lo aprobado en Cámara establece que este tipo de hechos se castigará con penas que oscilan entre 41 y 60 años de prisión

– Penas más fuertes para quienes obstruyan la labor de la fuerza pública: el artículo 20, que suscitó reacciones airadas por parte del representante David Racero (Partido Alianza Verde), castiga con penas de entre tres a cinco años a quienes opongan actos de violencia, amenazas o intimidaciones al accionar de la fuerza pública

– Porte de armas de fuego o armas blancas tendrán penas entre 4 a 6 años si éstas no son utilizadas para un fin lícito

– Traslados por protección de ciudadanos retenidos por la fuerza pública contarán con cámaras en establecimientos carcelarios, personal médico que atienda emergencias de salud, comunicación con un familiar en caso de traslado a otro centro penitenciario

– El uso de armas en legítima defensa ante situaciones que así lo ameriten

– El proyecto de ley es claro en solicitar que se eviten las excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades, ya que en la actualidad los jueces no tienen mayores herramientas para detenerlos en prisión y se deben dejar en libertad

– Refuerzo en ciberseguridad para la Fiscalía con la apertura de 125 vacantes para cargos informáticos